Solo por subsidios se deben 2,7 billones de pesos, lo que pone en riesgo la prestación del servicio a estratos 1, 2 y 3, advierte el órgano de control. En total de las deudas se acerca a los 7 billones de pesos.
La Contraloría General de la República reiteró hoy su preocupación por el riesgo de racionamientos de energía que se mantienen latentes en el país. En su advertencia hizo especial énfasis en las dificultades financieras que producen las deudas de la Nación con el sector, en especial con las distribuidoras de energía.
Según datos del Comité Intergremial de Energía y Gas, citados por la Contraloría, las deudas acumuladas por subsidios, que el Gobierno Nacional debía girar a través del Presupuesto General de la Nación (PGN), suman 2,7 billones de pesos para energía eléctrica, 3,3 billones de pesos por opción tarifaria y un billón de pesos por deuda de usuarios oficiales y en lo que compete a gas 628.000 millones para gas natural al cierre de 2024, “es decir más de $7 billones, lo que preocupa aún más si se incluyen los costos de las intervenciones a empresas realizadas recientemente”, señala el órgano de control.
Este monto, explica la Contraloría, representa anualmente el 60% de los recursos necesarios y sigue aumentando cada trimestre, situación que reduce la liquidez de las empresas, amenaza con el desmonte de subsidios y podría traducirse en un alza de tarifas que afectaría a los hogares más vulnerables. Por ejemplo, una familia que paga $30.000 por servicio de gas, sin el subsidio tendría que cancelar por el mismo servicio un valor cercano a los $58.000.
Afirmó que el retraso en el cumplimiento de las obligaciones en lo que corresponde al giro de los recursos a las empresas prestadoras de servicios públicos de energía y gas por parte de entidades públicas que no han pagado por el servicio prestado, puede generar no solo riesgos para el patrimonio del Estado, sino que además afectaría a muchas de las empresas de servicios públicos que son propiedad o tienen participación estatal.
